La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos aprobó hoy una nueva norma sobre el servicio de internet que acaba con la «neutralidad de la red» que garantizaba una norma de 2015.

La mayoría republicana en la institución reguladora votó hoy a favor de la nueva regla que deroga el principio de «neutralidad de la red», que salvaguardaba internet como un servicio público de libre e igual acceso.

Dirigida por Ajit Pai, la Comisión tomó la decisión por tres votos a favor y dos en contra -los demócratas- de poner fin a la regulación que impulsó en 2014 el entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, y que luego se aprobó en 2015.

Lo que hasta ahora entendíamos a la neutralidad en la red no era otra cosa que el principio por el cual los proveedores de servicios de internet y los gobiernos que regulan Internet deberían tratar a todo tráfico de datos que transita por la red por igual, sin discriminarlo o cobrar al usuario de manera diferente según el contenido, página web, plataforma, aplicación, tipo de equipamiento utilizado para el acceso o modo de comunicación.

El término fue acuñado en la Universidad de Columbia por el profesor Tim Wu en 2003, como una extensión del concepto de una operadora común que era utilizado para describir el papel de los sistemas telefónicos.

La neutralidad de red se debe ver ante todo como una forma de que los ISP proporcionen el mismo servicio a todos los usuarios y servicios. Pero hay que tener en cuenta que en las redes se precisa de diferenciación de tráfico para priorizar las comunicaciones de los servicios de emergencias, la gestión de la propia red de las operadoras, el uso de servicios críticos, como los de teleasistencia, y otros.

Hay que ser estricto a la hora de hablar de la neutralidad de red y pensar que debe haber el mínimo número de excepciones pero deben estar estrictamente limitadas.

Un buen ejemplo de cómo no respetar la neutralidad en la red es el proveedor de servicios de Internet Comcast, cuando redujo la velocidad de subida de archivos a las aplicaciones que utilizaban peer to peer (P2P) para compartir archivos. No hace falta indagar mucho para darse cuenta de que en el debate de la neutralidad de la red influyen factores políticos y económicos. Debido a esto y a la influencia de la opinión pública, algunos gobiernos decidieron regular la banda ancha de los servicios de Internet como un servicio público, como por ejemplo se regula la electricidad, el gas o el agua. Además también se imponen limitaciones a los proveedores y se regulan las ofertas que puedan ofrecer.

En la práctica, la norma de 2015 impedía que las proveedoras de internet pudieran bloquear o ralentizar el tráfico en los portales que decidieran.

Este principio, que buscaba garantizar el libre acceso en igualdad de condiciones al servicio de la red, fue hoy eliminado entre múltiples protestas por parte de demócratas, asociaciones de consumidores y algunas voces entre las filas republicanas.

En el momento en el que la regulación comience a aplicarse, las compañías proveedoras de internet podrán decidir qué portales bloquear o ralentizar, incluidos los de medios de comunicación o difusión de vídeo, y solo estarán supeditadas a hacerlo público.

Los comisionados republicanos, incluido Pai, argumentaron que la decisión supone acabar con una regla que trataba con «mano dura» a la industria de proveedores de internet ante «hipotéticos daños».

Por su parte, las dos comisionadas demócratas expusieron las consecuencias negativas que podría tener la supresión de la «neutralidad en la red» en consumidores y pequeñas empresas proveedoras de contenido.

Las responsables de la oposición incidieron en la necesidad de retrasar el voto hasta que se investigue el masivo registro de comentarios a la propuesta de la Comisión, 22 millones en total, de los que al menos dos millones habrían sido realizados desde perfiles falsos, según denunció el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman.

El voto tuvo que ser suspendido durante unos minutos por «motivos de seguridad» y, paralelamente, se registraron manifestaciones contra la decisión en el exterior de la sede del regulador en Washington.



Fuente: La Razón

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